En un período muy corto de tiempo, la reforma constitucional judicial fue aprobada por el Congreso Mexicano, por la mayoría de los congresos estatales, firmada por el presidente y publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el pasado 16 de septiembre.

Esta reforma implica las siguientes modificaciones sustanciales al sistema judicial del país:

• Elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular: Se hará de manera escalonada, empezando en 2025 y concluyendo en 2027.
• Ya no se requiere carrera judicial. Basta con que los candidatos sean mexicanos, tengan título profesional de licenciatura en derecho y promedio de cuando menos 8. Esta modificación abre la puerta a nuevos perfiles en la judicatura, con el potencial riesgo de falta de especialización.
• Supervisión bajo un nuevo órgano: El Consejo de la Judicatura Federal será reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que generará una transición y reacomodo en el control y la vigilancia del actuar judicial.
• Nueva organización electoral: El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar las elecciones para los cargos judiciales, lo que comenzará tan pronto como en la primera mitad de 2025.

A la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió algunos medios de impugnación en contra de la reforma, lo que aumenta la incertidumbre en cuanto a el tiempo y forma para la implementación de dicha reforma. Asimismo, personal del mismo Poder Judicial Federal determinó reanudar actividades hasta el próximo 2 de octubre, si es que las condiciones lo permiten. Los Tribunales locales y administrativos siguen laborando con normalidad.

En OLIVARES, mantendremos a nuestros clientes informados puntualmente sobre este tema, siguiendo de cerca cómo las reglas y mecanismos de la reforma judicial se materializarán en la práctica.