El 20 de diciembre de 2016, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó una ordenanza propuesta por la comisionada Barbara Jordan que dará incentivos a constructores para que ofrezcan unidades de vivienda a trabajadores en las nuevas urbanizaciones del condado. La ordenanza es una respuesta a una situación muy discutida: la crisis nacional de acceso a la vivienda. Se instará a los desarrolladores a reservar unidades para familias cuyos salarios estén entre el 60 % y el 140 % del ingreso promedio de 48 100 USD del condado.
La comisionada Jordan explicó que la finalidad de la ordenanza es facilitarles viviendas a oficiales de policías, profesores, milenials que están ingresando en el mercado laboral y otros trabajadores con ingresos similares para que puedan vivir cerca de su lugar de trabajo. En consecuencia, las personas que vivan más cerca de sus trabajos deberán conducir menos, lo cual beneficiará a todo el condado. Una menor cantidad de viajes implica menos embotellamientos, mayor diversidad en los barrios, y contribuye a que los empleadores locales atraigan y retengan buenos empleados.
Dentro de las cláusulas importantes de la ordenanza se encuentran las siguientes:
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Los desarrolladores que construyan 20 unidades o más y reserven el 5 % de ellas para residentes de bajos ingresos recibirán una bonificación de densidad del 5 %. A mayor cantidad de viviendas planificadas para trabajadores, mayor será la bonificación en la densidad.
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Un cuarto de las viviendas para trabajadores se destinará al segmento de ingresos más bajos, es decir, a familias que ganen entre el 60 % y el 79 % del ingreso promedio del condado. La mitad de las viviendas para trabajadores construidas en el marco de este nuevo programa de incentivos se asignará a personas que ganen entre el 80 % y el 110 % del ingreso promedio de condado.
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Cada ciudad dentro del condado deberá evaluar la necesidad habitacional de los trabajadores y presentar al condado un plan para afrontar dicha necesidad antes del 30 de junio de 2017. Si una ciudad decide implementar un régimen habitacional para trabajadores voluntario u obligatorio, tendrá hasta el 31 de diciembre de 2017 para implementar un plan de viviendas para trabajadores. Este requisito no aplica a ciudades con una población menor a los 10 000 habitantes.
El plan de viviendas para trabajadores de la comisionada Jordan, en un principio, no contemplaba los incentivos. La propuesta inicial era un programa obligatorio que les exigiera a los desarrolladores incluir viviendas para trabajadores en los nuevos proyectos con precios de mercado o pagar un fondo fiduciario destinado a trabajadores y urbanizaciones accesibles. La Asociación de Constructores Latinos y la Asociación de Constructores del Sur de la Florida rechazaron la propuesta inicial. Según ellos, una estructura obligatoria afectaría las urbanizaciones y tendría consecuencias imprevistas. La comisión espera que el programa impulsado con incentivos que se ha adoptado dé como resultado la creación de viviendas para los residentes que trabajan en el condado de Miami-Dade.
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